En los países occidentales, en los que presuntamente reina la paz social, la armonía y el civismo, el robo es, probablemente, el delito peor regulado del código penal. En España, la ineficaz diferenciación entre hurto y robo, por ejemplo, apenas sancionaba a quienes sustrajeran bienes de un valor inferior a 400€. Tampoco existen medidas que repriman con la dureza necesaria la sucesión de ese tipo de actos delictivos, con lo que han proliferado en las grandes ciudades los delincuentes con múltiples antecedentes y pequeñas penas que, aprovechándose de la benignidad de nuestro sistema jurídico, viven -literalmente- de mangar todo lo que les viene en gana.
De manera paradójica, llegan a nuestros oídos condenas ejemplares por afanar simples boberías, como la de Emilia, una joven madre valenciana que ingresó en prisión por gastar 193€ de una tarjeta que encontró para pagar pañales y comida.1
La propiedad privada, como ven, se protege de una manera un tanto curiosa en España.