Juan Carlos I, tras 39 años ejerciendo como Rey de España, ha abdicado en favor de su hijo Felipe. La corona española, la inviolable e irresponsable, cambia de dueño. La corona española, envejecida y anquilosada, cambia de dueño. Lo que no cambia, es la Jefatura del Estado, pues seguirá estando en manos de esa oxidada corona. No cambia, porque seguirá, como desde hace cuatro décadas, dando la espalda a los ciudadanos.
Tras años de caídas, escándalos de corrupción, cacerías y otras irresponsabilidades, siempre avaladas por la Constitución, el monarca ha iniciado la sucesión del trono. Mientras tanto, la prensa, casi en su totalidad, y las grandes fuerzas políticas quieren disimular una decisión de ese extraordinario alcance con un maquillaje de ordinaria normalidad.
Por mucho que su ex-majestad diga que lo tenía pensado desde el mes de enero, la forma en la que todo se ha acelerado contradice esa versión oficial. Cuesta creer que el nuevo panorama político abierto por las elecciones europeas, el debate sobre la inviolabilidad de su persona o las críticas en el Congreso sobre la transparencia de la Casa Real no hayan influido. Cuando las cosas se ponen feas, el Rey pone pies en polvorosa.
Sin embargo, su renuncia al trono supone un periodo de renovación que puede ser extrapolable no solo a la Monarquía, sino a la Jefatura del Estado y a la Constitución de 1978. Dejar pasar esta oportunidad sería un error imperdonable.
En un momento de crisis económica, política y social, con el auge de nuevas formaciones alternativas, un crecimiento exponencial de las desigualdades y una enorme grieta entre instituciones y ciudadanía, el sistema necesita un lavado de cara, porque si no, acabará como Luis XVI.
Cuando murió Franco, el 20 de noviembre de 1975, una nueva etapa se abrió en la vida política española. Dos días más tarde el Rey tomaba posesión de su cargo, manteniendo durante más de medio año, al mismo Jefe de Gobierno de la era franquista: Carlos Arias Navarro. La Transición, por más que nos empeñemos o se empeñen, no fue mérito del monarca, sino de la dirección bicefálea Suárez-Miranda. Dos políticos reformistas que vinieron del régimen y aprovecharon el régimen para, con las reglas del régimen, derribar el régimen.
Si algo hemos aprendido desde que Felipe González obtuvo mayoría absoluta en 1982 y se dio por concluida la Transición es, precisamente, que nunca la acabamos. Estas más de tres décadas lo han demostrado: han liberalizado y oligopolizado el mercado, han dejado la política española en manos de las grandes élites y han creado un sistema bipartidista más parecido al de EEUU que al de una verdadera democracia occidental.
Han pasado treinta y seis años desde que España, por mayoría absolutísima aprobase su Constitución. Toda la población, la que exige un cambio drástico y real, viene del régimen. Toda la población quiere aprovechar el régimen, sus reglas, para terminar esa remodelación que empezaron Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. Esa remodelación en la que poco o nada tuvo que ver el borbón.
Si el Príncipe de Asturias quiere hacer valer su consideración de heredero tiene dos vías. Una, la rápida, la sencilla: hablar con PP y PSOE para llevar la Ley Orgánica al Congreso cuanto antes y allí, por mayoría ratificarla. O dos, someterse a un plebiscito en el que sea la gente, los presuntos propietarios de la soberanía popular, la que elija que forma de gobierno quiere en su país.
Como, de manera loable, hicieron hace casi cuatro décadas, no hace falta saltarse el guión, volar el tablero, para lograr lo que nos proponemos. La presión social fue la que acabó de romper la dictadura, así que la presión social puede hacer caer, así mismo, la Monarquía. En nuestras manos está -y en la cordura de una casta política que tras secuestrar a la nación tiene que escucharla- concluir un proceso que ha durado demasiado y que ha agotado todo su crédito. Éste es el último tren, la posibilidad remota de que por fin dejen a la gente su espacio. No se trata de imponer una República o una rebelión sangrienta que produzca el caos, sino de hacer justicia con pueblo. Y qué mejor manera que con una papeleta en las urnas.
Recuerden: ésta es la oportunidad de nuestras vidas. La oportunidad de nuestra democracia. No la dejaremos escapar.
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