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martes, 11 de noviembre de 2014

Bisturí

En los países islámicos dónde se aplica la ley sharia se mantienen vigentes macabras costumbres jurídicas como la de cortar la mano al autor de un robo. Desde luego, esas normas son, brutales, además de absurdas, desproporcionadas y técnicamente anticuadas, pues, en la mayoría de los casos se emplean instrumentos como hachas o machetes, se deniega atención médica al ladrón y el castigo se efectúa de cara a un público que jalea la tortura sobre el presunto culpable. 

En los países occidentales, en los que presuntamente reina la paz social, la armonía y el civismo, el robo es, probablemente, el delito peor regulado del código penal. En España, la ineficaz diferenciación entre hurto y robo, por ejemplo, apenas sancionaba a quienes sustrajeran bienes de un valor inferior a 400€. Tampoco existen medidas que repriman con la dureza necesaria la sucesión de ese tipo de actos delictivos, con lo que han proliferado en las grandes ciudades los delincuentes con múltiples antecedentes y pequeñas penas que, aprovechándose de la benignidad de nuestro sistema jurídico, viven -literalmente- de mangar todo lo que les viene en gana. 
De manera paradójica, llegan a nuestros oídos condenas ejemplares por afanar simples boberías, como la de Emilia, una joven madre valenciana que ingresó en prisión por gastar 193€ de una tarjeta que encontró para pagar pañales y comida.
La propiedad privada, como ven, se protege de una manera un tanto curiosa en España.


Entre el salvajismo oriental y la idiotez occidental no hay tanta diferencia como cabría pensar. La injusticia existe en ambos casos. En el primero, se aplica la fuerza de manera desproporcionada contra el culpable. En el segundo, el ladrón goza de impunidad, y la desprotegida víctima no tiene más alternativa que la indignación.

En 'El árbol de la ciencia', Baroja expresa mediante Andrés Hurtado su frustración ante la mentalidad de los españoles respecto a lo público. Lo de todos no es de nadie. Cuidarlo o respetarlo de nada vale. Lo mismo ocurre con el arca pública: como es de todos no es de nadie. Sisar de la hucha pública no es robar. Mangar cuatro frutas de un manzano, sin embargo, son palabras mayores. Tal afrenta debe ser castigada. A ése, como si lo mutilan.

¿Quién se sorprende, por lo tanto, de que España sea el país de la UE en el que la corrupción más afecta a nuestra vida cotidiana?2 ¿O que sea el octavo país más corrupto de una lista de 177?

No se trata de citar como loros los innumerables casos que aparecen en los medios, pues son ésos los únicos de los que tenemos constancia, sino de admitir que la corrupción se ha convertido en una característica inmanente del poder. Cuando el poder político se subordina al económico, precisamente porque quienes deciden en un lado también lo hacen en el otro, y cuando esa autoridad -política y económica- permanece en su puesto después de que se destapen sus impúdicas artimañas o incluso después de que sea imputado en una causa judicial, no se puede considerar como un hecho aislado. La corrupción es una estrategia general de gobierno, en el sentido de que es intrínseca al hecho de gobernar.

En el mundo de la desregulación del robo, y de la falta de sanción cuando éste se comete, la moral no tiene cabida. El único principio válido es que todo es válido. La corrupción se asemeja a un tifón que arrasa toda la estructura organizativa del país, y con ella, toda la decencia que la democracia, supuestamente, debería siempre mantener. Mientras tanto, los elegantes ladrones, elegidos como representantes de toda la ciudadanía, hacen suyo el darwinismo social en su sentido más extremo. Solo el más fuerte puede robar más y para ello se hace valer de todos los medios a su alcance. Lo obsceno de estafar valiéndose de actos moralmente plausibles es lo cotidiano en el mundo de la inmoralidad. Sin duda eso explica como se apropiaron de manera ilícita de los fondos de cooperación para países subdesarrollados o de las donaciones para reconstruir Haití.

Sin embargo, nada me asombra tanto como las explicaciones de Monago cuando se destapó que había viajado a Canarias, con cargos al Senado por valor de 15.000€, para visitar a su amante. Para ser corrupto, además de mano dura, debes de ser caradura.

Menos de 15000€ al año es la renta total familiar que el Ministerio de Educación exige como requisito para adjudicar unas de sus becas cicateras. Por el mismo precio, nuestros senadores -laboriosa tarea la que desempeñan, por cierto- tienen un año de viajes en preferente, lujos y sexo. Tal vez un bisturí no estuviera de más en nuestro decadente código penal. 

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